Bolivia ha sido descrita recientemente como el epicentro del contrabando en Sudamérica, situación que no sólo asfixia la economía nacional, sino que también compromete la seguridad del país y de la región.
Según el reciente análisis de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, Bolivia ocupa el puesto 22 en el ranking de actividades de bandas transnacionales, destacándose por el crecimiento más acelerado en este rubro.
Durante el 9° Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), celebrado en Santa Cruz, expertos de diversos países alertaron sobre la presencia de al menos ocho organizaciones criminales operando en Sudamérica, con actividades significativas en Bolivia.
Estas organizaciones, entre las que se encuentran el Primer Comando da Capital y el Comando Vermelho de Brasil, los Choneros, Tiguerones y Lobos de Ecuador, el Tren de Aragua de Venezuela y el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa de México, han adoptado sofisticadas estrategias de contrabando que incluyen lavado de dinero y corrupción de funcionarios públicos.
El contrabando en Bolivia ha alcanzado cifras alarmantes. En 2022, el valor de las mercancías ingresadas ilegalmente superó los 3.300 millones de dólares, equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este crecimiento desmedido del contrabando contrasta con el crecimiento económico del país, que fue del 4% en el mismo período. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) advierte que esta actividad ilícita amenaza directamente a unas 39.000 industrias y pone en riesgo al menos 600.000 puestos de trabajo formales.
El contrabando no solo representa una pérdida significativa de ingresos fiscales, estimados en casi mil millones de dólares, sino que también mina la competitividad de las industrias locales, que enfrentan dificultades para competir con productos ingresados ilegalmente a precios más bajos. Estos recursos evadidos podrían haber sido destinados a la construcción de infraestructura vital, servicios básicos y atención de necesidades urgentes de la ciudadanía.
Los expertos consultados identifican cinco factores clave que impulsan el crecimiento del crimen organizado en la región: el aumento del consumo global de cocaína, oro y madera; la acumulación informal e ilegal de capital; la crisis migratoria y la violencia extrema; las limitadas capacidades de los operadores de seguridad y justicia; y la intensificación de la crisis política. Estas condiciones crean un caldo de cultivo ideal para el contrabando y otras actividades ilícitas.
El sector empresarial boliviano también debe unirse en esta lucha, presionando al gobierno para implementar políticas efectivas que combatan el contrabando y protejan la industria local. Solo a través de una acción concertada y sostenida se podrá frenar este flagelo que asfixia lentamente la economía de Bolivia y amenaza el futuro de miles de ciudadanos.
La situación en Bolivia requiere una respuesta inmediata y coordinada a nivel regional. Es imprescindible fortalecer los controles fronterizos y mejorar la cooperación entre los países afectados. Los expertos sugieren que los países consumidores de cocaína deben asumir una mayor responsabilidad en la lucha contra el crimen organizado, dado que su demanda impulsa estas actividades ilícitas.
