“Lo único cierto es la elección presidencial que sí o sí tiene que llevarse adelante el 2025; lo otro, aún es incierto”, señaló el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, al poner en duda la realización de los comicios judiciales en los próximos meses, debido al estancamiento en el legislativo de la fase de preselección.
El tiempo es el principal factor en contra. El martes, una Sala Constitucional de Pando ordenó suspender todo el proceso y lanzar una nueva convocatoria aduciendo que se estaban vulnerando derechos ligados a la equidad de género y representación indígena.
Si se relanza de nuevo el proceso se requerirían al menos seis meses, pero el TSE planea las primarias para diciembre y entonces chocarían con las judiciales. "Hay que debatir el rumbo de las elecciones primarias y cómo encarar el proceso de distribución de circunscripciones”, dijo Vargas, quien agregó que las generales deben realizarse hasta julio tomando en cuenta que el mandato de Luis Arce vence el 8 de noviembre.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó este jueves a todos los actores políticos y al Estado dar una solución a la permanente suspensión del proceso de preselección de candidatas y candidatos a las elecciones judiciales.
“Debemos evitar el uso perverso de las formas democráticas. (…) Llamamos a la responsabilidad de todos los actores políticos, las autoridades, el Estado en sí mismo, para que den una solución a esta situación”, instó.
Callisaya señaló que los actores políticos no están dando a la ciudadanía un mensaje de fortalecimiento del mecanismo democrático, sino más bien el inverso. Alerta que esta situación puede derivar en la deslegitimación del mismo y provocar salidas dolorosas para el estado y la población.
“Lamentamos que la Justicia esté tomando decisiones políticas y muy dirigidas", dijo el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien anunció una reunión con las dos comisiones encargadas de la preselección para buscar salidas.
