Legisladores de la oposición de Santa Cruz y representantes de juntas vecinales emitieron un pronunciamiento este viernes en el que manifiestan su rechazo al Decreto Supremo 5143 sobre el registro en Derechos Reales, promulgado el 10 de abril pasado, al considerar que es ilegal y pone en riesgo la propiedad privada.
En el punto 1 señalan que el decreto 5143 es antidemocrático y confiscatorio de la propiedad privada y las libertades ciudadanas, por lo que exigen que su aplicación quede en suspenso.
Además se respaldó el proyecto de ley 270/2021 presentado en su momento por la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz para que sea tratado de manera inmediata en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
En el punto 4 se declaran en estado de emergencia y vigilancia y anticipan una nueva reunión para definir nuevas medidas a asumir, si el legislativo no realiza el tratamiento del mencionado proyecto de ley.
Entre los firmantes están representantes de la Federación Departamental de Juntas Vecinales Cívicas, la junta vecinal Héroes del Chaco y la Coordinadora Interinstitucional por la Libertad, Justicia y Democracia que asistieron a la socialización del decreto 5143 y el proyecto de ley 270/2021.
“No podemos dejar que el decreto se implemente porque dejamos a los ciudadanos desprotegidos, sin seguridad jurídica y sin la posibilidad de precautelar la propiedad privada y eso nos parece gravísimo, un punto de no retorno”, señaló la senadora Centa Rek (Creemos).
El pasado martes, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, defendió el decreto 5143, ya que afirma que está orientad a dar seguridad jurídica a la población y cortar los canales de corrupción al incluir la bancarización en el pago de los trámites.
“A lo largo de estos años, Derechos Reales se ha caracterizado por la retardación de trámites, en algunos casos incluso años en los cuales los usuarios tienen que estar peregrinando para obtener una inscripción. Para obtener un certificado tienen que estar sujetos a la corrupción, porque la gente que no tiene dinero para pagar al transcriptor, no lo obtiene en los plazos establecidos”, señaló Silva. Según el decreto, Derechos Reales seguirá dependiendo del Consejo de la Magistratura.
La viceministra de Justicia, Jessica Saravia, destacó que se implementará un sistema informático que permitirá identificar a los funcionarios que realicen los trámites o modificaciones. “Esto va a generar, como consecuencia, que los documentos y la información sea absolutamente inalterable, porque va a estar sujeto también a cualquier revisión (…) para evitar recibir, como muchas veces también se ha denunciado, documentos que no gozan de legalidad. Derechos Reales va a poder verificar los datos de la escritura pública”, enfatizó la funcionaria.
