Desde el exterior del país, sendos informes expresaron su preocupación sobre la justicia y la vulneración de derechos humanos en Bolivia.
En el primer caso la influyente ONG Amnistía Internacional puso el foco en su preocupación por la independencia judicial en Bolivia, mientras que el departamento de Estado de Estados Unidos, señaló vulneración de derechos y citó entre los casos del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
El informe de la administración de Joe Biden señala varias irregularidades en el caso Camacho, entre ellas cita pronunciamientos de organismos de derechos humanos que consideran que su arresto, el 28 de diciembre del 2022, tuvo motivaciones políticas.
Además cuestiona la restricción de visitas en prisión a él y otros personajes políticos de alto perfil. EEUU considera a Camacho, en el documento, como un preso político y cita una declaración de Human Rights Watch en la que señala que la justificación del gobierno boliviano para mantenerlo en prisión era muy frágil.
Señala que, según HRW, las vagas acusaciones contra Camacho y la expresidenta Jeanine Añez por sedición, terrorismo no tienen pruebas que las respalden.
El senador Henry Montero (Creemos) señaló que el informe de EEUU confirma que Camacho es un "secuestrado político". Agregó que quienes han hecho el montaje del supuesto golpe para tapar el fraude en el 2019 deberán rendir cuentas tarde o temprano.
El informe anual de Amnistía Internacional, en el capítulo dedicado a Bolivia, señala que persiste la preocupación por la falta de independencia judicial y porque las víctimas de violaciones a sus derechos humanos siguen a la espera de recibir su reparación. Además pone el foco en las agresiones de las fuerzas de seguridad contra los periodistas y la falta de acción de las autoridades para prevenir los incendios forestales y para proteger a los defensores de derechos humanos.
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Bolivia en marzo y expresó
preocupación especial por la falta de independencia del poder judicial respecto del gobierno", señala amnistía. Los actuales magistrados vencieron su mandato en 2023, pero se prorrogaron ellos mismos en sus cargos en un polémico fallo. Actualmente el proceso de elección de los nuevos altos jueces está estancado en el legislativo, por recursos judiciales y la oposición cree que hay boicot del gobierno al proceso.
