El exgerente de la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), Juan Carlos Montenegro Bravo, falleció este miércoles y dejó una carta pública en la que señala que se no se iba a prestar a ser vejado y humillado.
Sobre Montenegro pesaba una de las 12 órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía en el proceso abierto, tras una denuncia del gobierno de Luis Arce, por presuntas irregularidades en la construcción de una planta de litio en el salar de Uyuni.
“El único fin del proceso que se ha iniciado en nuestra contra, es justificar y ocultar el rotundo fracaso de la estrategia ilusoria de extracción directa de litio (EDL) que adoptó arbitraria e irresponsablemente YLB y el actual gobierno desde el año 2021, abandonando y desprestigiando el proceso de cristalización fraccionada en piscinas de evaporación solar, que se vino ejecutando hasta fines del año 2019”, dice una carta de la misiva atribuida a Montenegro.
La autenticidad de la carta fue confirmada por la exministra Teresa Morales quien señaló que el exgerente de la YLB es la primera víctima fatal de la persecución política que ha iniciado el gobierno de Luis Arce.
“Se está cobrando una vida ya la persecución política que nos están haciendo”, denunció Morales. La exministra señaló que no tenía conocimientos sobre las circunstancias del deceso de Montenegro, pero hizo responsable del mismo al presidente Luis Arce.
“No se puede mellar mi límpida trayectoria académica y profesional con este tipo de atropellos y no me prestaré a ser vejado y humillado por una justicia amañada que se vende al poder político o al mejor postor. No lo puedo permitir”, añade la misiva de Montenegro.
“Pido perdón a mis seres queridos por el dolor que seguramente les provocará esta mi decisión, pero lo hago también por ellos”, agrega el texto y al final deja en claro que es inocente.
La pasada semana el gobierno denunció irregularidades en la instalación de 18 piscinas de evaporación, cuyas membranas no tenían el grosor especificado. El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, calcula un daño al estado de Bs 425 millones.
LA CARTA DE MONTENEGRO
