El año 2023 ha dejado al descubierto una realidad perturbadora en Bolivia. Se trata de las 3.409 denuncias de personas desaparecidas, 556 son investigadas por el delito de trata y tráfico de personas, según datos oficiales. Este alarmante número refleja solo una fracción de un problema mucho más grande y extendido en el país y en el resto del continente.
El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala a Bolivia como uno de los países con mayor índice de trata y tráfico de personas en América Latina. Esta declaración no es simplemente un dato estadístico, sino un grito de ayuda de miles de bolivianos, especialmente niños y jóvenes, que son vendidos, transportados y explotados brutalmente.
Es alarmante que el 64% de los desaparecidos sean niños y adolescentes, muchos de los cuales provienen de hogares con ambientes violentos o problemáticos. Estos jóvenes, huyendo del abuso y buscando refugio, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema que los hace blancos fáciles para redes de explotación.
La lentitud y las lagunas en las legislaciones actuales agravan el problema. La normativa de esperar 72 horas antes de iniciar la búsqueda de una persona desaparecida es un claro ejemplo de cómo las leyes pueden estar desfasadas frente a la urgencia de estas situaciones.
Existen iniciativas para modificar esta norma, permitiendo que las investigaciones comiencen inmediatamente tras la denuncia, independientemente de la edad de la persona desaparecida. Este cambio es crucial, pues cada minuto cuenta en la búsqueda y potencial rescate de las víctimas.
La magnitud del problema requiere una respuesta robusta y coordinada. Se requiere fortalecer marcos legales, capacidades de respuesta rápida y aumentar la cooperación internacional para combatir este delito deleznable. Es vital también que se aborden las causas subyacentes que propician estas redes de crimen organizado, que suele estar muy emparentado con el narcotráfico, un delito que goza de amplias prerrogativas en Bolivia. No debe extrañarnos que, al igual que la trata de personas, sigan proliferando los secuestros, los ajusticiamientos, los ajustes de cuentas y la violencia política, como pasa en México y Ecuador, donde se han vuelto comunes los asesinatos de candidatos.
La lucha contra la trata y el tráfico de personas es un desafío enorme que requiere un enfoque multifacético y la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Solo así podremos esperar proteger a nuestros niños y jóvenes, garantizando un futuro en el que su seguridad y dignidad sean prioritarias. La hora de actuar es ahora; no podemos permitirnos ser complacientes ante uno de los crímenes más atroces contra la humanidad. Lo más importante, sin embargo, es que Bolivia pueda recuperar la institucionalidad, pues en las actuales condiciones los órganos del estado no tienen la más mínima credibilidad.
