El régimen del dictador Nicolás Maduro en Venezuela ha propuesto una ley con un título que engaña por su naturaleza supuestamente noble: "Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares". Esta medida, lejos de fomentar la democracia y la libertad, parece ser un escalón más hacia la consolidación de un autoritarismo desbocado que desprecia la pluralidad y la libre expresión, camuflándose bajo la retórica del socialismo del siglo XXI.
Venezuela, bajo la administración actual, ha sido testigo de un deterioro alarmante en la calidad de vida y los derechos humanos, con un estado que insiste en su poder absoluto mientras disfraza su naturaleza opresiva con proyectos legislativos que prometen combatir el fascismo. Sin embargo, la descripción que hacen de "fascismo" es tan amplia y ambigua que prácticamente cualquier disenso o crítica podría caer bajo esta categoría, permitiendo al gobierno actuar con mano dura contra cualquier forma de oposición.
La ley no solo prohíbe ciertos mensajes y organizaciones, sino que también establece severas penalidades, incluyendo largas sentencias de prisión, para aquellos que se atrevan a desafiar la narrativa oficialista. Más aún, otorga al Ministerio Público el poder de interpretar lo que constituye un mensaje fascista, dándole al régimen una herramienta potente para silenciar voces contrarias sin necesidad de procesos judiciales transparentes.
Este tipo de legislación, además de estar en clara contradicción con los principios democráticos fundamentales, también parece una respuesta directa al creciente apoyo que figuras de oposición como María Corina Machado han recibido. Machado, quien ha sido comparada absurdamente con figuras históricamente vilipendiadas como Adolf Hitler por altos funcionarios del régimen, representa una amenaza significativa para la continuidad del chavismo debido a su visión de un gobierno basado en la tolerancia, la economía libre y el Estado de derecho.
Este proyecto de ley es parte de un patrón más amplio de represión y desmantelamiento sistemático de las libertades civiles en Venezuela y en el resto de los países que imitan el modelo dictatorial Castro-Chavista.
Desde la negación de crímenes de lesa humanidad hasta la suspensión de operaciones de oficinas internacionales de derechos humanos, el gobierno de Maduro ha demostrado repetidamente su indiferencia hacia la supervisión y crítica internacional.
Este modus operandi ya se aplica en Nicaragua y, por supuesto en Cuba, que ejerce la pedagogía en el continente. El empeño del régimen de Luis Arce por mantener intocable a la justicia corrupta y violar constantemente los principios que garantizan el debido proceso, es el mejor indicador de que Bolivia va por el mismo camino y que tarde o temprano tratará de imponer las mismas normas destinadas a acallar cualquier voz disidente que exiga democracia, justicia y libertad, palabras proscritas en las naciones mencionadas.
