El 10 de marzo del 2024 se halló una avioneta
con 430 kilos de cocaína en Paraguay, procedente de Bolivia; cinco personas
murieron acribilladas en ajustes de cuentas relacionadas con el narcotráfico a
fines de 2023 en Cochabamba, Beni y Chapare; dos cuerpos aparecieron calcinados
en San Matías, frontera con el Brasil; secuestros con pedidos millonarios,
además de la captura, hace tres semanas, del brasileño Máximo da Fonseca, una
“ballena”, no pez gordo del narcotráfico, como lo describió el ministro de Eduardo
del Castillo; todo esto configura un sombrío panorama para el Estado boliviano,
que se suma a las declaraciones que formulara el presidente uruguayo, Luis
Lacalle, en el sentido que “los grandes peces gordos” de Sudamérica están en
Colombia, Paraguay y Bolivia; la contrapartida ha sido la declaración de
culpabilidad y una posible condena de 30 años o cadena perpetua en Estados
Unidos contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de
haber convertido a su país en un narcoestado.
Por eso, con todos esos elementos de violencia
cada vez más generalizada, de ausencia de control como se dio con el caso del
narcovuelo que salió del aeropuerto de Viru Viru con casi media tonelada de
cocaína y de una cada vez mayor presencia de carteles de la droga o de capos
como el uruguayo Sebastián Marset o del brasileño Da Fonseca, configuran cada
vez más la tesis que Bolivia es una especie de narcoestado.
De ahí surge el famoso refrán, “si ves las
barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”, que se constituye en una
advertencia para las autoridades y exautoridades bolivianas responsables de la
seguridad del Estado; durante 14 años fuimos gobernados por Evo Morales, a su
vez, jefe de las seis federaciones de productores de coca.
Por fortuna para Bolivia y actual descargo de
la gestión del presidente Luis Arce, se están ejecutando múltiples operativos
en el Chapare, una zona que permaneció blindada e impenetrable durante años y
en la que casi el 100% de la producción de hoja de coca se destina a la
fabricación de cocaína.
Pero como estamos ante la mirada
internacional, como lo ha señalado el presidente uruguayo, debemos ajustar los
mecanismos de control porque la situación actual no puede seguir de esta
manera.
Es así que debemos dar señales. Nuestros
parlamentarios que tanto pelean en la Asamblea Legislativa deberían plantear la
abrogación de una norma aprobada durante el Gobierno de Morales, que subió de
12.000 hectáreas a 22.000 los sembradíos de coca legal en el Chapare; esta es
una especie de carta blanca para los narcos, como en su momento, durante el
gobierno de Jaime Paz Zamora, se aprobara el llamado “decreto de
arrepentimiento” que permitió que varios capos de la droga de entonces no
fueran extraditados a Estados Unidos.
Por ello, además del refrán de las barbas, debemos tener en cuenta el de “tanto va el cántaro al agua que termina por romperse”, en alusión a que los hechos cada vez más repetitivos de impunidad, apunta a que nuestros gobernantes puedan terminar acompañando al presidente de Honduras; o recordando al presidente panameño, Manuel Antonio Noriega, preso también en Estados Unidos, en 1992, acusado de narcotráfico.
