Política

Paro de 36 días por el Censo: amplían por 120 días la detención de Camacho

El gobernador de Santa Cruz dijo que la persecución política se ha convertido en un circo y le pidió al juez no ser parte.

Luis Fernando Camacho.
Política | Aldo Aguilera | 2024-03-08 16:03:02

El juez Helmer Laura de La Paz determinó ampliar por 120 días la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el caso del paro de los 36 días por el censo. Durante la audiencia la autoridad cruceña pidió al juzgado poner fin al “circo” en el que se ha convertido el proceso.

La audiencia virtual se instaló pasadas las 11.00. Camacho participó desde un ambiente del penal de Chonchocoro donde cumple detención preventiva por varios casos, desde el 30 de diciembre del 2022.

El juez Laura justificó la ampliación del encierro señalado que faltaba por individualizar a cada sujeto investigado y además restaba por identificar a varios testigos como parte de la investigación.

En este proceso también están incluidos el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, el rector y vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar y Reinerio Vargas, además del integrante del comité interinstitucional José Luis Santisteban, quienes se defienden en libertad.

Martín Camacho, abogado del gobernador, cuestionó durante la audiencia que el caso está basado en “argumentos falsos y ficticios y carentes de argumentos cuando ni siquiera el abogado sabe en donde está detenido”, según un reporte de la red Unitel.

El gobernador se dirigió al juez Laura para decirle que no sea parte de una persecución política que se ha convertido en un circo. El MAS impulsó los procesos contra las autoridades cruceñas que promovieron un paro entre los meses de octubre y noviembre del 2022 en el que exigían al gobierno que anticipe el Censo y la entrega de resultados. Entonces el gobierno planteaba hacer el empadronamiento entre mayo y junio del 2024 y entregar los resultados entre los años 2024 y 2025.

Finalmente, tras la presión hecha por Santa Cruz se fijó la fecha del 23 de marzo y por ley se definió que los resultados deben entregarse hasta agosto de este año para ser aplicados desde septiembre en la reasignación de recursos de coparticipación para las regiones y para la redistribución de escaños en la Cámara de Diputados en las elecciones generales del 2025.