En la batalla legal sobre dónde debe radicar la investigación del caso de terrorismo, el abogado del viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos, planteó ayer la excusa del segundo juez asignado por turno, cuando el expediente aún no había sido remitido al tribunal de justicia en  la capital cruceña.
Abraham Quiroga justificó la acción señalando que tras plantear que el juez octavo de Instrucción en lo Penal, Luis Tapia, sea apartado del caso por haber vertido opinión, también hizo lo mismo con la juez Mirian Durán, a donde debería llegar el caso, porque ésta es hermana del ex presidente del Tribunal Constitucional, Wilman Durán, quien funge como asesor externo de los cívicos.
El juez Luis Tapia Pachi se encuentra en poder del expediente y explicó que su actuación fue malinterpretada por el jurista y considera que la Corte Superior de Distrito debe valorar los hechos.
Tapia dijo que tanto el caso del atentado al viceministro Saúl Ávalos como el del cardenal Julio Terrazas radicaron en ese tribunal de justicia por existir conexitud.
Posteriormente, al saber que la juez Betty Yañíquez de La Paz conoce las actuaciones del fiscal Marcelo Soza sobre el mismo hecho, ha pedido que ésta se aparte de conocer el caso y remita los actuados a Santa Cruz. El vicepresidente cívico Guido Náyar le dijo ayer a la juez que se pronuncie de una vez. En caso de admitir su competencia entonces se le planteará la declinatoria y esa situación deberá ser resuelta por la Corte Suprema, la que debe decir si el caso radica finalmente en Santa Cruz o en La Paz.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Sandóval, dijo ayer en el canal Megavisión, que aún no le ha llegado el expediente a sus manos.
El fiscal de Distrito, Jaime Soliz dijo ayer que Santa Cruz tiene la competencia, sin embargo se preguntó por qué algunos notificados a La Paz igual acuden a pesar de no haberse resuelto el tema.

Santa Cruz tiene competencia

El juez octavo de Instrucción en lo Penal, Luis Tapia Pachi, dijo  ayer que a pesar de haber recibido amenazas de juicio por parte de varios diputados masistas, continuará sosteniendo que Santa Cruz tiene competencia para conocer la investigación relacionada con el presunto caso de terrorismo.
Dijo que no cabe la menor duda de esa situación, y eso no significa prejuzgar, pero la ley es clara al establecer que los jueces del lugar donde se cometieron los presuntos hechos o donde residen los imputados, tendrá preferencia por encima de otros.
Sobre esa situación existen varias sentencias constitucionales como jurisprudencia, de modo que considera injusto que su autoridad haya sido excusada de llevar adelante el caso.