Proyecto de ley contrario al Estado de Derecho
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Opinión
Tribuna
Proyecto de ley contrario al Estado de Derecho
Domingo,  19 de Mayo, 2013

Hay una razón más que suficiente para que los abogados de Bolivia y la opinión pública estemos preocupados por un anteproyecto de ley elaborado por órganos del Ejecutivo que, de ser aprobado, no solo habrá afectado la independencia del abogado en el ejercicio de su profesión sino a la propia administración de justicia a la que está vinculada directamente la abogacía con efectos negativos en el mundo litigante porque se verá limitado en su derecho de elegir libremente el patrocinio de su causa por estar condicionado a exigencias políticas. Esto supone, además, que el instrumento legal a aprobarse tendría bases discriminatorias, algo totalmente contrario a principios y normas constitucionales.

Asimismo puede verse que aparte de ejercer el control gubernamental y político de la actividad profesional del abogado en Bolivia se estaría buscando a través de esta ley la liquidación de una sólida institucionalidad de los colegios de abogados y hasta su propia división si tenemos en cuenta que promueve indistintamente la formación de colegios, asociaciones o sociedades civiles, sin reconocer ni establecer un nexo que haga de los colegios de abogados, como hasta el presente, un núcleo central que aglutine a todos los abogados pese a que hubo intento de disolver los colegios mediante decreto supremo.

Con la lectura del art. 14 del anteproyecto de ley de la abogacía, cuyo texto se nos ha proporcionado, confirmamos esta inquietud pues señala que los abogados tienen “el deber de afiliarse en un Colegio o una Asociación de Abogadas y de Abogados”, aunque a renglón seguido y de forma contradictoria dice “toda abogada o todo abogado tendrá el derecho de renunciar a dicha afiliación”. Un verdadero contrasentido no exento de cierta intencionalidad dirigida a debilitar estructuras sólidas en la organización colegiada de los abogados o acaso disminuir significativamente su gravitación institucional en la sociedad.

Mencionamos asimismo el artículo 12 del anteproyecto que obliga a la matriculación del abogado en el Ministerio de Justicia, luego de lo cual este organismo le otorgará una credencial que le habilitará “para el ejercicio de la profesión en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”. Un riesgo para el profesional abogado a quien por razones políticas bien podría negársele “la credencial” o postergar su entrega.   Pero el anteproyecto va más allá cuando en su artículo 13 le asigna al Ministerio de Justicia la atribución de conformar el Tribunal Nacional de Honor algo que lleva el sello inconfundible de la intromisión político partidista en el régimen disciplinario de los abogados para ser manejado con otras finalidades ajenas a la ética del abogado y poner en riesgo su independencia y derecho al ejercicio de la profesión.
En la brevedad de este análisis, pues hay otros aspectos que comentar, mostramos la inconveniencia de que se apruebe el anteproyecto para convertirlo en una ley que vulnere derechos constitucionales y que sea un retroceso para el régimen de garantías que debe darse al ejercicio de la abogacía dentro de un verdadero Estado de Derecho. En la redacción del presente artículo –queremos destacarlo- también hemos tenido en cuenta los justificados pronunciamientos de los colegios de abogados del país que rechazan el anteproyecto de ley y plantean una modificación sustancial.

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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